Ecuador chamber bemoans norm delaying tactics
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Ecuador’s Mining Chamber (CME) has asked the country’s Constitutional Court to reject an action of unconstitutionality filed by the Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador (Conaie) and the Confederation of Indigenous Nationalities of the Ecuadorian Amazon (Confeniae) against a pre-legislative consultation process. The pre-legislative consultation was established in the November 2022 Executive Decree 604 as part of the issuance of the normative acts. This established that communities, towns and indigenous nationalities are subject to consultation only. It is part of efforts to establish norms for environmental consultation processes must occur before an environmental license can be awarded to companies developing projects. The Constitutional Court ruled in October 2021 that environmental consultations must be carried out. Some 100 projects across all sectors of the economy are being held up, waiting to undertake environmental consultation.
CME president Maria Eulalia Silva said the action of unconstitutionality filed by indigenous groups goes against the opinion of the Court, and that environmental consultations were requested by indigenous organisations in their demands to end a June 2022 strike.
However, environmental consultation cannot be done without the normative framework of the pre-legislative consultation, which is paralysing the three mining development projects: Loma Larga (Dundee Precious Metals), La Plata (Atico Mining) and Curipamba (Adventus Mining), which represent more than US$1B of development. “In case of acceding to the request of the [indigenous] organisations, there is a risk that this action will delay the application of the pre-legislative consultation and therefore the environmental consultation, paralysing industrial activities for several years,” said CME lawyer Andres Ycaza.
Cámara de Ecuador lamenta tácticas dilatorias de norma
La Cámara de Minería de Ecuador (CME) solicitó a la Corte Constitucional del país que rechace una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) contra un proceso de consulta prelegislativa .
La consulta prelegislativa fue establecida en el Decreto Ejecutivo 604 emitido en noviembre de 2022 por el presidente Guillermo Lasso como parte de la expedición de los actos normativos, que establecen que las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas están sujetos a consulta únicamente.
El Decreto se emitió como parte de los esfuerzos para establecer normas para los procesos de consulta ambiental que deben realizarse antes de que se pueda otorgar una licencia ambiental a las empresas que desarrollan proyectos. La Corte Constitucional dictaminó en octubre de 2021 que se deben realizar consultas ambientales. Unos 100 proyectos en todos los sectores de la economía están detenidos, a la espera de realizar una consulta ambiental.
La presidenta del CME, María Eulalia Silva, dijo que la acción de inconstitucionalidad presentada por los grupos indígenas va en contra de la opinión de la Corte, y que las organizaciones indígenas solicitaron consultas ambientales como una de sus demandas para poner fin a una huelga en junio de 2022.
Sin embargo, la consulta ambiental no puede realizarse si no se desarrolla el marco normativo de la consulta prelegislativa. La ausencia de normas paraliza la industria minera y sus tres proyectos de desarrollo más avanzados: Loma Larga de Dundee Precious Metals (TSX:DPM), La Plata de Atico Mining (TSXV:ATY) y Curipamba de Adventus Mining (TSXV:ADZN), que representan más de US$1B de desarrollo y necesitan sus licencias ambientales para comenzar la construcción. “En caso de acceder a la solicitud de las organizaciones [indígenas], se corre el riesgo de que esta acción retrase la aplicación de la consulta prelegislativa y por ende la consulta ambiental, paralizando las actividades industriales por varios años”, dijo el abogado de CME, Andrés. Ycaza.